Salvador Carnicero () / Arturo Martín ()
Madrid // La en las Oficinas de Extranjería produce tal angustia que Abdul, un guineano vecino de Lavapiés, pagó este mes de octubre cuatrocientos euros para conseguir una. Sin citas no hay papeles, y sin estos, los migrantes no pueden acceder a un permiso de trabajo o al sistema sanitario, entre otros muchos ejemplos. Bufetes de abogados y locutorios mientras paralelamente colectivos como la Red Interlavapiés se hacen cargo de facilitar estos trámites de manera altruista.
La educadora social Maite Zabalza es amiga de Abdul y, además, es parte integrante de este colectivo vecinal "a favor de los derechos de las personas migradas". Junto a otras cinco compañeras, ha logrado en el último año entre treinta y cuarenta citas para que sus vecinos formalicen su situación legal en España. Según el Ministerio del Interior, en lo que va de año llegaron a España de forma irregular prácticamente 23.600 personas. Todos estos migrantes precisan legalizar su situación, pero la mayor parte no los lograrán y, como consecuencia, van a ser criminalizados o deportados.
Abdul fue una de esas personas para las que la Red Interlavapiés intentó conseguir esta cita, pero debido a su "angustia", por último terminó comprando este servicio gratis en "el mercado negro". De la misma manera que , cientos de extranjeros desprovistos de una cita y de dinero para conseguirla pueden ejercer su derecho a solicitar vivienda o asilo merced a personas como Zabalza.
Maite Zabalza recibe a porCausa en una cafetería próxima al Centro de Servicios Sociales Pablo Neruda de Vallecas, su sitio de trabajo. Esta activista y trabajadora social se muestra orgullosa de estar acompañando a sus "amigos y vecinos" en este trámite: "Cada cita es ya una situación ganada, una lucha, una conquista", destaca.
El equipo de 6 personas en el que participa Zabalza ha logrado obtener casi 40 citas para sus vecinos extranjeros en el último año. La cifra no es baja exactamente por la ausencia de demanda (, más de 2 puntos porcentuales por encima de la media española), sino más bien por una disfunción administrativa: "Hasta hace un año el sistema te facilitaba la primera cita libre. Podía ser en el verano de dos mil veinte, pero tú ya tenías tu cita y sabías que no debías procurarla", expone cita previa de nie .
El colapso del sistema dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social también responde a un "recorte claro" de personal, opina Zabalza. Hay dos Oficinas de Extranjería para toda la Comunidad de la villa de Madrid y en todos y cada una trabajan simultáneamente "2 funcionarios". "No hay interés ni una voluntad política de que puedan acceder a los permisos", denuncia esta activista.
"Hay 10 solicitudes en casuísticas diferentes para renovar un permiso de trabajo, de las que cinco no ofrecen citas normalmente", explica Zabalza, mientras que recuerda que la escasez de estos procedimientos perpetra "otra barrera en el cada día, otra frontera invisible": el acceso al sistema sanitario. "No pueden ir al médico como cualquier otra persona", demanda, y asegura que "antes de 2012 sí tenían acceso al médico y ahora no".
La ha sido testigo de que, si hace un año las citas eran lejanas, ahora son prácticamente inexistentes. Conforme cuenta Zabalza, estas son algunas consecuencias del colapso de la web de Extranjería: una colombiana perdió un puesto como enseñante en la Universidad Complutense al no poder renovar su permiso de trabajo a tiempo y un bebé nacido en España aún no ha podido ser escolarizado ni está dado de alta en la Seguridad Social.
Tras un año de reclamaciones al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y al , este colectivo ha puesto en marcha la campaña #SinCitaNoHayDerechos. La contestación recibida es, según Zabalza, que "se ha debido delimitar este sistema" por el hecho de que "una persona cogía la cita representando a otra persona", algo que la activista tilda de "degradante". "Nos habíamos organizado en función de las necesidades de las personas. Si una persona no domina el idioma, lo normal es que un amigo saque la cita por él", continúa. "Que nos digan que el sistema marcha de este modo de mal por nuestras actitudes es criminalizar y echar la culpa de todos y cada uno de los inconvenientes a la migración", concluye.
Estas trabas administrativas, conforme esta educadora social, son parte de políticas europeas "de represión" que no solo no permiten el acceso seguro a los países de destino, sino que sobre todo nutren "vías de mafia y comercio a todos y cada uno de los niveles", tanto en las pateras del Mediterráneo como en las calles de la capital.
La educadora social describe una realidad "racista" y cíclica, que criminaliza al migrante por el simple hecho de buscarse la vida. "El ingreso de los extranjeros supone millones de euros al año que no se reconocen", asegura: "Todo lo que aporta la migración a las arcas de España en la Seguridad Social y en las tasas es muy alto", pero, en cambio, "se criminaliza la migración y está mal visto facilitarla. Tienen que estar huyendo o bien escapando", narra.
Los permisos de arraigo pueden pedirlos los migrantes que llevan tres años viviendo en España, pero además hay otros requisitos: "La Ley de Extranjería les pide tener un contrato a jornada completa y también indefinida", expone Zabalza. "Cuando lo tienen y desean acceder a pedir el permiso de residencia, se encuentran que no hay citas disponibles en el sistema". Zabalza lo califica de "": "Es un sistema racista, trasgresor de los Derechos Humanos y muy impropio con las personas", remata.
A pesar de todas las trabas y de estas situaciones, Maite Zabalza atisba una esperanza en el futuro: "Estamos en un planeta globalizado y todos somos uno", asevera optimista. Aunque piensa que"se están agudizando los mensajes y el alegato racista y xenófobo", conserva optimismo para pensar que "tarde o temprano" la ciudadanía admitirá que "la migración es una riqueza". Será entonces cuando haya "políticas razonables que podrán entrar a situarse en la realidad", espera.
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