Cada Vez Menos Gente Litiga Contra La Administración

16/02/2019 16:51 - Actualizado: 18/02/2019 10:03

Saltarse un stop acarrea una multa de doscientos euros. gestor de extranjeria Sin embargo, a un valisoletano que conducía por Segovia, la gracieta le ha costado —por el momento— 760 euros: los de la sanción más otros 560 por haber perdido la demanda que presentó contra al considerar injusta la infracción. "Se desplegaron medios técnicos para probar que el agente no podía haber visto la presunta infracción, mas al final su palabra predomina, merced a la conocida presunción de veracidad de los agentes", explica el letrado que llevó la defensa del conductor.

La sorpresa vino una vez desechada la demanda del conductor, cuando el letrado del Estado se impuso unos honorarios que tresdoblaban la propia sanción, tal y como informó . A causa de las impulsadas en dos mil once por , el criterio para imponer costas en la jurisdicción contencioso-administrativa cambió del tradicional de la temeridad al del vencimiento. Esto es, se pasó del 'quien demanda sin fundamento paga' a, de manera directa, 'quien pierde paga'. "El ciudadano no se puede defender cuando tiene que demandar a la Administración, pues sería de locos —como ya lo es hoy— intentar defenderse en frente de actos de la Administración, muchas veces arbitrarios o bien desmesurados", denuncia el letrado, que solicita permanecer en el anonimato.

Cada año se registran casi un par de millones de casos menos en la vía penal y, sin embargo, tardan un 45 por ciento más en resolverse y cada vez hay más gente con antecedentes, ¿por que?

A tenor de la información recopilada por El Reservado de los anuarios de la del Consejo General del Poder Judicial (), este conductor ha sido uno de los pocos valientes que en los últimos años se ha atrevido a luchar contra las instituciones en los tribunales. Desde 2011, los procedimientos presentados todos los años en la vía del contencioso-administrativo han disminuido un treinta y dos por ciento (de doscientos noventa a ciento noventa y seis mil), lo que ha motivado por su parte que la cola judicial en esta jurisdicción se haya reducido a la mitad en estos 8 años (de trescientos ochenta casos amontonados a 186.000). Ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios han sido los grandes beneficiados de las medidas para reducir la litigiosidad, en tanto que cada vez menos españoles se atreven a recurrir judicialmente las resoluciones de la Administración ante el riesgo de ser condenados en costas.

La Ley 37/2011 se denominó 'Medidas de agilización procesal'. abogado de extranjería en valencia Y desde luego lo logró, "mas a base de que los ciudadanos renuncien a su derecho a reclamar, pues esas reglas cercenan sus derechos haciendo cada vez más difícil al ciudadano normal su derecho de acceso a la ", apunta el abogado. Y sentencia: "¿Quién discute una multa de 200 euros, cuando por 'pronto pago' (esto es, por no discutirla) se reduce a cien euros; y encima si pierdes, el abogado del Estado, es decir, el Estado, cobra 560 euros más la multa en su totalidad? Pues alguien que esté absolutamente loco".

Todos en contra

Desde un primer instante, los abogados rechazaron el nuevo criterio del vencimiento para las costas por el carácter disuasorio que tendría para los ciudadanos, especialmente los económicamente más vulnerables. "Es seguro que la imposición de costas es el factor determinante y más importante en la disminución de asuntos, lo que resulta especialmente grave por el hecho de que ello pone de manifiesto una auténtica desprotección del ciudadano en frente de la actuación de la Administración y, por qué razón no decirlo, en frente de los abusos de la Administración", señalan desde el , al paso que critican que el objetivo de la reforma de dos mil once "fue reducir el número de procedimientos judiciales y con esto limitar el derecho de acceso a los tribunales".

Para algunos letrados se trata aparte de una doble imposición al ciudadano, puesto que se trata de un coste que el contribuyente ya está sufragando por medio de sus impuestos. "A los abogados de la Administración ya les estamos pagando un sueldo entre todos. Además, muchas veces la administración responde de forma totalmente automática, y hasta que no recurres no se miran los papeles. Te obligan a recurrir cuando podría ser considerablemente más eficaz", explica Mariola Aguilar, del Instituto de Abogados de Granada.

El rechazo masivo de los abogados al principio judicial del 'quien pierde paga' ha sido respaldado incluso por algún juez. Es el caso de José Ramón Chaves García, magistrado en la Sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, quien en su ha señalado la singular incidencia de este criterio en "los asuntos de menor cuantía, que casualmente son los que afectan al ochenta por ciento de la población". Entre estos, Chaves cita las multas de baja cuantía, problemas tributarios menores, subvenciones rechazadas o permisos de funcionarios.

Las costas surten un fuerte efecto disuasivo para un atemorizado David, al paso que el Goliat administrativo persistirá indiferente

Chaves García amplió estas críticas en su en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia en abril de dos mil quince, al afirmar que "las costas desincentivan al particular, mas no al político ni a la Administración como persona jurídica". El juez recuerda que las administraciones encaran el pago de las costas con cargo a los presupuestos públicos, costeados por medio de los impuestos. "Tal imposición de costas en temas de pequeña cuantía y para el ciudadano de economía media surte un fuerte efecto disuasivo para un asustado David, al paso que el Goliat administrativo persistirá indiferente", resumió el juez.

"Las grandes beneficiadas en este asunto son las administraciones públicas, que se han blindado con este sistema de costas, en menoscabo de la tutela judicial eficaz. El Estado legisla desde el poder legislativo y resguarda al poder ejecutivo", añaden desde el Consejo General de la Abogacía. abogados de extranjeria Y resumen: "A la postre se trata de complicar que el ciudadano pueda proteger sus derechos en frente de la Administración".

Arbitrariedad de los honorarios

Hasta 2011 las condenas con pago de costas eran casi marginales. Se reservaban para casos donde el ciudadano había recurrido con temeridad y mala fe. Pero además, aunque la medida lleva ya 7 años en vigor, los abogados aún no saben a qué adherirse si sus casos son condenados en costas, por el hecho de que la cuantía de sus honorarios no está regulada y acostumbran a imponerse las totales. "Es totalmente arbitrario. Tengo casos en la Audiencia Nacional que han tenido que pagar ochocientos euros de costas y otros hasta 1.500", explica la abogada Mónica Huerta, especializada en extranjería, exactamente uno de los conjuntos frágiles a no recurrir por el peligro de las costas.

No puede compararse al letrado de la calle con los del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado

Sin embargo, cuando es la propia Administración la que debe abonar, sí se establece un límite a las costas que el ciudadano puede cobrar tras la sentencia: "En muchas ocasiones no cubren para nada el costo del litigio, que puede haber durado años. No contempla ni los gastos del usuario en su defensa, ni el tiempo, ni el desgaste", agrega Huerta. Esta letrada denuncia asimismo que las costas se impongan en medidas cautelares y que, nuevamente, dependa del criterio de cada juez: "Es fácil saber, conforme el juzgado que te toque, si te va a mandar pagar costas o bien no. Al final, se transforma en un filtro".

"No puede equipararse al letrado de la calle", destaca el abogado de la multa de tráfico, "al profesional liberal, que debe mantener su propio despacho, con los abogados del Estado, que son funcionarios y tienen detrás toda la cobertura del Estado, y no se juegan nada".

Aparte de la disminución de casos judiciales contra las administraciones y el problema de la tasación de los honorarios, el criterio del vencimiento a la hora de imponer las costas ha tenido un tercer efecto colateral perverso: el porcentaje de sentencias en primera instancia dando la razón al ciudadano ha aumentado desde 2011. O como señala Mariola Aguilar, del Instituto de Abogados de Granada, "al final solo recurre el que está completamente seguro de que ganará".

Reforma legal que va a morir con la legislatura

Paradójicamente, el propio Partido Socialista Obrero Español ha presentado una , bloqueada en la Comisión de Justicia y que , para regresar a la situación precedente a la reforma legal impulsada por Zapatero en dos mil once debido a "las reiteradas quejas de los trabajadores de las administraciones públicas y el trato dispar que recibían respecto de los trabajadores que llevan su demanda a la jurisdicción social, donde prácticamente no existe la condena en costas", expresa Juan Carlos Campo, portavoz socialista de Justicia en el Congreso.

"Comprendemos que puede ser bueno introducir más elementos para determinar que no basta el vencimiento, sino a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de forma dolosa o culposa, esto es, con mala fe o temeridad", añade.

Sin embargo, para el diputado andaluz la causa de la minoración de los asuntos judiciales en los últimos años hay que buscarla tanto en la implantación de tasas judiciales en dos mil doce por parte del Gobierno de Mariano Rajoy como en la crisis económica y no tanto en el cambio de criterio aprobado en las postrimerías de la presidencia de Zapatero. "Deseamos valorar si una hipotética condena en costas puede llegar a ser disuasorio para el ejercicio del derecho de acceso al proceso", apunta.

Desde el , en cambio, lo tienen claro: "En frente de los privilegios de la Administración, el ciudadano se halla en una situación de inferioridad y, por lo menos, se debe permitir —en realidad se debería facilitar— su acceso a los jueces y tribunales, que son los únicos que pueden resguardarles en frente de los abusos".

Fe de errores: en una versión precedente del reportaje se indicaba que José Ramón Chaves García era magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando desde hace un par de años lo es del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

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